Lozoya incumplió como testigo colaborador; habrá cargos: FGR

El Ministerio Público Federal anunció que formalizará los cargos de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa

Por: La Jornada Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que hasta hoy “ninguno de los imputados del caso (Odebrecht) ha cumplido con los requisitos para tener un criterio de oportunidad”, por lo que debe terminar el beneficio de Emilio Lozoya Austin como testigo colaborador en la acusación que enfrenta. La FGR argumentó en esa forma la petición de revisar las medidas cautelares que se impusieron desde el año pasado al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y en consecuencia dictar prisión preventiva justificada para Lozoya Austin. El Ministerio Público Federal anunció, además, que formalizará los cargos de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa contra Lozoya Austin. La intervención de la FGR ocurrió durante la audiencia que transcurre en la zona de juzgados del Reclusorio Norte. Pemex se sumó a la petición de la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que tiene varias investigaciones abiertas en contra Emilio Lozoya, que en su momento pudieran ser judicializadas. “Por tanto, ante el hecho de existir riesgo de fuga, se une a la petición de prisión preventiva justificada”. La FGR también alegó, durante la audiencia, que Lozoya cuenta con dos millones de euros y tiene familiares fuera del país, entre ellos su esposa Helena Eckes, quien radica en Alemania, además de una red de amigos que le pueden ayudar a evadir la justicia. La medida cautelar otorgada desde julio de 2020 a Lozoya le permite libertad para desplazarse en la zona conurbada, con la obligación de firmar lista de procesados cada quince días y portar un brazalete electrónico. Antes de esa parte del debate, el juez federal Artemio Zúñiga Mendoza autorizó un mes más para el cierre de la investigación complementaria, un plazo que concluye el próximo 3 de diciembre. La decisión se sustenta “en los derechos a la defensa y debido proceso”, señaló un reporte del Poder Judicial.